Los intermediarios del mercado: las Empresas de Servicios de Inversión

Durante mucho tiempo, los mercados de valores estuvieron intermediados por la figura del Agente de Cambio y Bolsa individual, pero tras la entrada en vigor de la Ley 24/1988, que configuró el Sistema de Sociedades como miembros del mercado bursátil, estas personas físicas dejaron paso a las sociedades anónimas, configurándose estas «firmas especializadas» como los verdaderos operadores del mercado.

La Ley del Mercado de Valores (LMV) de 1988 determinó, básicamente, dos tipos de intermediarios: los miembros del mercado que están autorizados para negociar transacciones; y los que no son miembros del mercado que, aunque no tienen facultad de contratación, pueden realizar diversas funciones — recibir y gestionar órdenes de Bolsa, otorgar créditos relacionados con la compraventa de valores, mediar en la colocación de nuevas emisiones, ser depositarios de títulos, etc.—

Los miembros del mercado son las Sociedades de Valores y Bolsa y las Agencias de Valores y Bolsa. Las entidades no miembros del mercado son las Sociedades de Valores, Agencias de Valores, Bancos, Cajas de Ahorros y, con unas facultades más limitadas, las Sociedades Gestoras de Carteras, Cooperativas de Crédito y Sociedades Mediadoras del Mercado del Dinero.

Las Empresas de Servicios de Inversión, concepto introducido por primera vez por la Ley 37/1998 de reforma de la LMV, son aquellas empresas cuya actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a terceros. La Ley 47/2007, de 19 de diciembre, de reforma de la LMV y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión, transponen al ordenamiento jurídico la Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros (más conocida como MiFID), introduciendo una cuarta categoría de empresa de servicios de inversión, con lo que las Empresas de Servicios de Inversión se clasifican en cuatro tipos:

1. Sociedades de Valores (SV).

2. Agencias de Valores (AV).

3. Sociedades gestoras de carteras (SGC).

4. Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

La nueva Ley 47/2007 introduce los servicios de inversión y los servicios auxiliares que pueden prestar las diferentes Empresas de Servicios de Inversión:

1. Servicios de inversión los siguientes:

a) La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros.
b) La ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes.
c) La negociación por cuenta propia.
d) La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientes.
e) La colocación de instrumentos financieros, se base o no en un compromiso firme.
f) El aseguramiento de una emisión o de una colocación de instrumentos financieros.
g) El asesoramiento en materia de inversión, entendiéndose por tal la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros.
h) La gestión de sistemas multilaterales de negociación.

2. Servicios auxiliares:

a) La custodia y administración por cuenta de clientes de los instrumentos financieros.
b) La concesión de créditos o préstamos a inversores, para que puedan realizar una operación sobre uno o más instrumentos financieros, siempre que en dicha operación intervenga la empresa que concede el crédito o préstamo.
c) El asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas.
d) Los servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento de emisiones o de colocación de instrumentos financieros.
e) La elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros.
f) Los servicios de cambio de divisas, cuando estén relacionados con la prestación de servicios de inversión.
g) Los servicios de inversión así como los servicios auxiliares que se refieran al subyacente no financiero de determinados instrumentos financieros derivados, cuando se hallen vinculados a la prestación de servicios de inversión o a los servicios auxiliares.

Desde el 1 de enero del año 2000 pueden ser miembros del mercado las entidades de crédito españolas, las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito de la Unión Europea y las no pertenecientes a la Unión Europea siempre que cumplan los requisitos para operar en España y aquellos otros que determinen las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. El código de conducta de los intermediarios del mercado de valores, actualizado por la Ley 44/ 2002 de reforma del Sistema Financiero, se basa en los siguientes aspectos:

• Se dará absoluta prioridad al interés del cliente. Si se diera la circunstancia de surgir un conflicto de intereses entre los distintos clientes no se deberá favorecer a ninguno de ellos en particular.

• Se tendrá toda la información necesaria sobre cada cliente para mantenerlos adecuadamente informados, teniendo que garantizar la igualdad de trato entre los clientes.

• No podrán tomar posiciones por cuenta propia en valores sobre los que se esté realizando un análisis específico, salvo que la toma de posición tenga su origen en compromisos o derechos adquiridos con anterioridad o en operaciones de cobertura de dichos compromisos, siempre y cuando la toma de posición no esté basada en el conocimiento de los resultados del informe.

• No se realizarán prácticas que tengan por objeto o produzcan el efecto de provocar una evolución artificial de las cotizaciones.

• No se multiplicarán las transacciones de forma innecesaria y sin beneficio para el cliente.

• No se podrá atribuirse a sí mismo uno o varios valores cuando tengan clientes que los hayan solicitado en idénticas o mejores condiciones.

• No se podrán anteponer la venta de valores propios a los de sus clientes, cuando éstos hayan ordenado vender la misma clase de valor en idénticas o mejores condiciones.

• Si dispone de «información privilegiada» deberá de abstenerse de realizar, ya sea de forma directa o indirecta, cualquier tipo de operación sobre los valores a los que se refiera, así como comunicarla a terceros, o recomendar la compra o venta de dichos valores.

La Ley del Mercado de Valores ofrece la posibilidad de crear Fondos de Garantía de Inversiones por parte de las sociedades de inversión con el fin de asegurar a los inversores que no puedan obtener sus fondos, valores o instrumentos financieros como consecuencia de la situación de quiebra o suspensión de pagos de una sociedad y estas no puedan cumplir con las obligaciones contraídas con los inversores, estos puedan solicitar a los fondos la ejecución de las garantías.

Las Sociedades de Valores

Las Sociedades de Valores tiene su origen en la Ley del Mercado de Valores de 1988 y son los intermediarios más completos del mercado, ya que tiene la posibilidad de ejercer todas las funciones bursátiles fijadas por la Ley, es decir, pueden operar profesionalmente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y realizar todos los servicios de inversión y servicios auxiliares vistos en el apartado anterior.
Los requisitos iniciales para constituirse como una Sociedad de Valores son contar con un capital mínimo de 2.000.000 euros y estar sometida al mantenimiento de unos niveles de liquidez y solvencia, así como al cumplimiento de normas adicionales de cobertura y de diversificación de riesgos. A diferencia de las Agencias de Valores, pueden negociar tanto por cuenta propia como por cuenta de terceros toda clase de valores con cualquier persona física o jurídica. Tienen la obligación de declarar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores las funciones que pretenden asumir, aunque ello no signifique que estén obligadas a ejercerlas.
Las Sociedades de Valores miembros de una Bolsa o de varias —en cuyo caso se denominarán Sociedades de Valores y Bolsa» (SVB)— pueden además contratar en el mercado de todas aquellas Bolsas de las que sean miembro.

Las Agencias de Valores

Las Agencias de Valores pueden realizar las mismas actividades que las Sociedades de Valores, si bien no pueden realizar operaciones por cuenta propia. Además, tampoco pueden otorgar créditos relacionados con la compraventa de valores, ni asegurar la suscripción de emisiones de valores. Al negociar solamente por cuenta ajena, con lo que asume menos riesgos que la Sociedad, el capital mínimo que se le exige para constituirse como Agencia será de 500.000 euros, cuando pretendan adquirir la condición de miembros de mercados secundarios o adherirse a sistemas de compensación y liquidación de valores, y de 300.000 euros cuando no pretendan adquirir la condición de miembros de mercados secundarios ni adherirse a sistemas de compensación y liquidación. Al igual que la Sociedad de Valores puede ser miembro de una o varias Bolsas y, en tal caso, se denomina Agencia de Valores y Bolsa (AVB).

Las Sociedades Gestoras de Carteras

Otro de los intermediarios son las Sociedades Gestoras de Carteras (SGC), cuya finalidad primordial es gestionar la toma de decisiones de compra y venta de títulos y administrar todas aquellas actividades relativas a su tratamiento material de los títulos: cobros de intereses, dividendos, suscripciones, depósito de títulos, etc., así como a gestionar a sus clientes la cartera de valores y otros activos financieros. El capital social mínimo requerido para su constitución es de 100.000 euros.

Las Empresas de Asesoramiento Financiero

El último de los intermediarios, introducido en la reforma 2007 de la LMV y regulados expresamente en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión, son las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI). Las EAFI tendrán como principal actividad el asesoramiento en materia de inversión, es decir, la realización de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la propia EAFI, con respecto a una o más operaciones de inversión.

Los principales requisitos que deben cumplir las EAFI son:

• Tener objeto social exclusivo para ejercer las actividades que le sean propias, es decir, las de asesoramiento.

• En caso de personas físicas deberán tener capacidad legal para ejercer el comercio.

• En caso de personas jurídicas revestir la forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada constituida por tiempo indefinido.

• En caso de personas jurídicas contar con un capital social inicial de 50.000 euros totalmente desembolsado en efectivo; o disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional de al menos 1.000.000 de euros por reclamación de daños, y un total de 1.500.000 de euros anuales para todas las reclamaciones; o una combinación de ambos. En caso de personas físicas sólo será necesario disponer del seguro de responsabilidad civil profesional señalado anteriormente.

• Que la mayoría de los miembros de su consejo de administración o, en su caso, su administrador o administradores, así como todos sus directores generales y asimilados cuenten con conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones.

• Las personas físicas que se constituyan como empresas de asesoramiento financiero deberán contar con adecuada honorabilidad empresarial o profesional así como con conocimientos y experiencia suficientes para el ejercicio de sus funciones.

• Cumplir las normas de conducta establecidas.

• Tener un reglamento interno de conducta ajustado a las normas reguladoras del mercado de valores.

• Tener su domicilio social y su administración central en territorio nacional. En caso de personas físicas deberán tener su residencia en España.

• Que hayan presentado un plan de negocios que acredite su viabilidad.

• Únicamente podrán delegar en terceros el ejercicio de funciones de tipo administrativo.

• No podrán contratar agentes para el desempeño de sus funciones.

Clases de clientes: Profesional o minorista

Las empresas de servicios de inversión, y cualquier otra entidad que preste servicios de inversión, deberán clasificar a sus clientes en profesionales y minoristas. Los clientes profesionales serán aquéllos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos. Dentro de esta categoría se incluyen las entidades financieras, entidades autorizadas a operar en mercados financieros, Estados, Administraciones Públicas, bancos centrales y organismos internacionales y supranacionales, y los empresarios que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos:

• Que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 20 millones de euros.

• Que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 40 millones de euros.

• Que sus recursos propios sean iguales o superiores a 2 millones de euros.

Así mismo, podrán incluirse dentro del carácter profesional aquellos clientes que lo soliciten con carácter previo, y renuncien de forma expresa a su tratamiento como clientes minoristas. Si bien, la entidad deberá evaluar y aprobar el cambio de condición de cliente y para llevar a cabo la citada evaluación, la empresa deberá comprobar que se cumplen al menos dos de los siguientes requisitos:

• Que el cliente ha realizado operaciones de volumen significativo en el mercado de valores, con una frecuencia media de más de diez por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores.

• Que el valor del efectivo y valores depositados sea superior a 500.000 euros.

• Que el cliente ocupe, o haya ocupado durante al menos un año, un cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o servicios previstos.

Todos los demás clientes que no cumplan con los requisitos anteriores se considerarán clientes minoristas.

Normas de conducta aplicables a las empresas de servicios de inversión

En el Título IV del RD 217/2008, de 15 de febrero, establece unas normas de actuación en los mercados de valores para aquellos que presten servicios de inversión. Entre estos requisitos destacan:

• Las entidades que presten servicios de inversión deben clasificar a sus clientes en clientes minoristas o profesionales y comunicar a éstos en que categoría están situados. De esta forma, las entidades deberán tratar de forma diferente a cada cliente dependiendo de en que categoría estén.

• Las profusas obligaciones de información a los clientes, que deberá ser imparcial, clara y no engañosa. Así mismo, las entidades siempre deberán informar, de una manera suficientemente detallada, de la naturaleza de cada inversión o instrumento financiero y de sus posibles riesgos, de tal forma que el cliente pueda tomar decisiones de inversión fundadas. Las entidades también están obligadas a informar sobre los costes y gastos asociados a cada operación. Toda información proporcionada a un cliente deberá entregarse en un soporte duradero o, a través de una página web.

• Cuando las entidades que presten servicios de inversión presten el servicio de gestión de carteras deberán proporcionar a cada cliente en un soporte duradero un estado periódico de las actividades de gestión de cartera llevadas a cabo por cuenta del cliente.

• Las entidades que presten servicios de inversión establecerán libremente sus tarifas máximas de comisiones y gastos repercutibles en relación con las actividades que faciliten.

• Las entidades están obligadas a realizar a sus clientes un test o examen de idoneidad o conveniencia con carácter previo a la prestación del servicio, un régimen minucioso para llevar a cabo la ejecución de órdenes de los clientes y el establecimiento de una serie de principios a seguir en la tramitación conjunta de órdenes de distintos clientes.

• Las entidades deberán siempre ejecutar las órdenes de forma óptima para obtener el mejor resultado posible para su cliente. Los criterios de mejor ejecución deberán basarse y tener en cuenta el perfil del cliente, el tipo de orden dada por éste, el tipo de instrumento financiero y el tipo de mercado donde se negocia éste.

• Las entidades deben actuar en defensa del mejor interés para sus clientes en la ejecución de órdenes cuando se prestan los servicios de gestión de cartera y de recepción y transmisión de órdenes.